Exigen al Congreso de Nuevo León despenalizar delitos contra el honor
- El colectivo Despenalizando la Palabra exhortó a la presidencia del Congreso de Nuevo León a impulsar la despenalización de los delitos de injuria, calumnia y difamación, al considerar que estas figuras legales representan una amenaza para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
La organización, integrada por más de 20 periodistas, defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, señaló que mantiene una agenda apartidista enfocada en eliminar del Código Penal estatal los llamados “delitos contra el honor”, con respaldo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Además, informó que inició una colecta de firmas ciudadanas para respaldar la reforma y fortalecer el llamado al Poder Legislativo estatal para eliminar estas figuras penales.
A través de un posicionamiento público, el colectivo sostuvo que en Nuevo León aún persisten disposiciones penales que permiten criminalizar opiniones, investigaciones y denuncias públicas, lo que genera intimidación y fomenta la autocensura.
“Cuando se usa el derecho penal para castigar lo que decimos, denunciar se vuelve un riesgo”, expresó la agrupación.
De acuerdo con el colectivo, los delitos de injuria, calumnia y difamación deben resolverse por la vía civil y no mediante sanciones penales, al argumentar que el encarcelamiento por expresiones públicas contraviene estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos y libertad de expresión.
La organización afirmó que Nuevo León es una de las dos entidades del país que aún mantienen vigentes este tipo de delitos, pese a resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pronunciamientos de organismos internacionales.
En el exhorto dirigido al Congreso local, el colectivo pidió que el Poder Legislativo se sume al proceso de armonización legal en materia de libertad de expresión y colabore, “como el resto de las autoridades estatales”, en la eliminación de estas figuras penales.
Asimismo, advirtió que mantener vigentes estos delitos puede inhibir el trabajo periodístico, la crítica pública y la denuncia ciudadana, especialmente en temas relacionados con corrupción, abuso de poder y rendición de cuentas.
“Merecemos un estado donde hablar, investigar y cuestionar no sea tratado como un delito”, concluyó el posicionamiento.
