Promueven juicio político contra Diputados del PAN
Ciudad Victoria, Tam.- A iniciativa de un grupo de periodistas y de la Diputación Permanente del Congreso Local, se inició el procedimiento para promover sendos juicios políticos contra diputados locales y federales del PAN y del PRI.
La Diputación Permanente, que funge durante el receso en que se encuentra la Legislatura local, dio entrada a la solicitud firmada por 53 periodistas tamaulipecos, quienes exigen el procesamiento para que los Diputados Félix Fernando García Aguíar y Leticia Sánchez Guillermo, Coordinador e integrante de la bancada panista, respondan por las agresiones y amenazas cometidas en contra del comunicador José Inés Figueroa Vitela.
Lo promueven un grupo de periodistas y la Diputación Permanente
En relación a los mismos hechos, suscitados el 10 de julio próximo pasado, cuando los panistas intentaron, con violencia, apoderarse del Recinto Legislativo, la Diputación Permanente se facultó, por el voto unánime de los presentes, para promover juicio político ante la Cámara Federal de Diputados, contra cuatro de los integrantes de su pleno.
Vicente Verástegui Ostos, Gerardo Peña Flores, Oscar Almaraz Smer y Mariela López Sosa, aparecen entre el grupo de legisladores que agredió a personal y causó destrozos dentro del Palacio Legislativo tamaulipeco, incurriendo en los delitos de ataque a las instituciones democráticas, a la forma de gobierno y a los derechos humanos, tipificados como causales para la pérdida del fuero y procesamiento por las autoridades competentes.
En el desarrollo de las actividades de este martes, la legisladora Casandra de los Santos Flores, puntualizó que estas acciones no pueden quedar en la impunidad y el olvido, ya que la agresión física al comunicador y también titular de Comunicación Social del Congreso, fue iniciada e incitada por Verastegui Ostos.
Mencionó que los Diputados y la Diputada federal, alentaron la comisión de delitos como rebelión, sedición, desordenes públicos, asociación delictuosa, pandillerismo, delitos cometidos contra servidores públicos, abuso de autoridad, incluso secuestro y allanamiento de las instalaciones del Congreso, hechos debidamente denunciados ante la Fiscalía General de Justicia.
